¿Cómo establecer sanciones óptimas para la disuasión de infracciones?
Autores/as
Santiago Dávila Philippon
Económicos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).. Lima, Perú.
Una buena parte de las funciones que cumplen las entidades de la administración pública en general consiste en la imposición de sanciones a los agentes económicos que incumplen las normatividad vigente. Los criterios para establecer sanciones que utilizan las entidades públicas son diversos y distintos entre sí, lo que conlleva a un amplio grado de discrecionalidad en el establecimiento de sanciones monetarias y no monetarias. Aun cuando la Ley de Procedimiento Administrativo General estableció una lista de criterios para determinar sanciones, persisten los problemas en cuanto a la interpretación y la cuantificación (monetización) de esos criterios en la determinación de sanciones. La literatura económica que estudia la forma óptima como el Estado puede hacer cumplir las normas (public enforcement of law) dispone criterios de optimalidad para el establecimiento de sanciones, que pueden resultar de mucha utilidad en la administración pública en su función sancionadora. Este artículo revisa los principales postulados de esta literatura y recomienda algunos criterios de índole práctico para la determinación de sanciones.
